La incertidumbre y el dolor incesante de buscar el paradero de un ser querido aún son parte de la realidad en Colombia a pesar de que en 2016 acabaron las confrontaciones entre el Estado y guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tras firmar un acuerdo de paz, los desaparecidos crecen con los años, advirtió el viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Eliana Berrío subió por primera vez a un escenario público el viernes. Lo hizo para denunciar la desaparición de su hermana Claudia, de 23 años, ocurrida hace cinco meses en San José del Guaviare, en el sureste del país. Llegó hasta Bogotá, tras recorrer casi 400 kilómetros, junto a otras mujeres buscadoras en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
“En cuestión de esto que estamos viviendo he dejado mi trabajo para dedicarme a mis papás que están en una total tristeza”, dijo Berrío mientras se quebraba su voz.
Más de 1.730 casos de personas desaparecidas entre 2016 y julio de 2024 han sido documentados por el CICR. La cifra, sin embargo, podría ser mayor debido al subregistro que existe frente a las desapariciones, advirtió la organización humanitaria.
“La desaparición de personas es una de las consecuencias más dolorosas de los ocho conflictos armados y la violencia que existen en Colombia”, señaló el CICR en un comunicado.
Pese a que el proceso de paz de 2016 redujo algunas de las consecuencias humanitarias en el país, en los siguientes años la situación se ha agravado paulatinamente conforme otros grupos armados que no fueron parte de las negociaciones de paz empezaron a disputarse el territorio que quedó sin control de las FARC.
Fotos de personas secuestradas son expuestas en los exteriores de la Fiscalía General por activistas para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en Bogotá, Colombia, el viernes 30 de agosto de 2024.
(Fernando Vergara/AP)
Según el CICR, en 2017, el siguiente año de la firma de la paz, se registraron 133 víctimas de desaparición, pero en los años siguientes los reportes fueron mayores a esa cifra: 302 casos en 2022, 299 casos en 2023 y 115 casos entre enero y julio de 2024.
El CICR sólo cuenta los desaparecidos cuyas familias hayan acudido directamente a reportarlos, luego inicia gestiones para orientarlos y empieza una búsqueda en bases de datos de información y consultan a comunidades donde pudieran haber testigos para hallar pistas.
Sin embargo, es el diálogo directo con los actores armados el que ha dado al CICR la información más relevante que incluso “ha permitido al CICR resolver cientos de casos de personas desaparecidas”, explicó a The Associated Press Rafael Barrantes, coordinador adjunto del Departamento de Protección del CICR en Colombia.
Las desapariciones se concentran en territorios históricamente golpeados por el conflicto en los que suelen confluir varios grupos armados que se disputan territorios geográficamente estratégicos para ilícitos como el narcotráfico o la minería ilegal. El 90% de las víctimas son de departamentos como Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Chocó, Caquetá y Putumayo, agregó el CICR.
En Colombia persisten varios grupos armados como facciones disidentes de las antiguas FARC que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 y que han conformado varios grupos para aliarse o disputarse el control, así como el Ejército de Liberación Nacional —guerrilla activa desde 1964— y el Clan del Golfo, considerado el cártel de drogas activo más importante del país.
El gobierno de Gustavo Petro —primer izquierdista en el poder en el país andino— se ha propuesto dialogar con los armados, por lo que mantiene mesas de diálogo con tres grupos y busca abrir más en el marco de su política de “paz total”.
Las nuevas víctimas se van sumando a las más de 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia entre 1985 y 2016, según documentó la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial que tuvo la misión de esclarecer el largo conflicto colombiano tras el acuerdo de paz de 2016.
Para Luz Myriam Collazos Céspedes no descansará hasta encontrar a su hermano Camilo, de 37 años, desaparecido en enero de 1999 en Puerto López, en el céntrico departamento de Meta. Después de 24 no sabe de su paradero ni de los perpetradores.
“Siempre estoy pensando qué puede estar pasando con él, ¿dormiría?, ¿pudo comer?, ¿lo torturaron? Tantas cosas que pasan por la mente, es muy fuerte”, relató a la AP Collazos, quien se convirtió en una investigadora autodidacta en la época de la desaparición, cuando ni los investigadores de la fiscalía podían acceder a la zona dominada por los paramilitares.
La Comisión de la Verdad encontró tras años de trabajo que los grupos paramilitares fueron responsables del 52% de las desapariciones, seguidos de las extintas FARC con el 24% de los casos, los agentes estatales con el 8% y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional con un 3%.
Las familias de los desaparecidos, también víctimas, han recorrido un largo camino en el reclamo de justicia. Después de décadas de reclamar en las calles, consiguieron en el 2000 que fuera tipificado el delito de desaparición forzada.